En un operativo entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias Chorizo, señalado como el cerebro financiero y testaferro del frente 36 de las disidencias de las Farc, una estructura criminal que ha sembrado terror en el nordeste antioqueño y que está detrás de la masacre de los 13 policías en Amalfi, Antioquia.
Según las autoridades, este hombre no solo era un delincuente más: era el banquero ilegal de la guerra. Sus cuentas, nutridas por la minería ilegal, dejaban cifras de escándalo: 20 mil millones de pesos al mes, es decir, cerca de 240 mil millones de pesos al año. Una fortuna que le permitía a esta organización criminal adquirir armamento, explosivos y todo lo necesario para sostener su poder en la región.
Para ponerlo en perspectiva, el dinero que movía alias Chorizo era casi tres veces el presupuesto anual de la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia en 2025. Dicho de otra forma: mientras el Estado intenta proteger a los ciudadanos con recursos limitados, las disidencias financiaban su guerra con cifras que superan las de cualquier secretaría regional.
¿Quién era alias Chorizo?
Detrás del apodo pintoresco se esconde un hombre clave para el sostenimiento del frente 36. Se le señala de ser el recaudador, lavador y administrador de los millonarios ingresos producto de la explotación ilegal de oro en el nordeste. El metal extraído sin control, muchas veces con maquinaria pesada y envenenando ríos con mercurio, no solo devastaba el ambiente, sino que se convertía en el combustible de la guerra.
Con su captura, las autoridades aseguran que se asesta un golpe directo a las finanzas del frente 36. Al quedar descabezada esta red de recaudo, se disminuye la capacidad logística de la organización: menos armas, menos explosivos y menos control territorial.
El general a cargo del operativo fue contundente: “Esta captura no solo representa la caída de un delincuente, sino la de toda una estructura de financiamiento que alimentaba la violencia en Antioquia”.
En los municipios de Amalfi, Anorí, Yalí y otras zonas golpeadas por las disidencias, la noticia ha corrido como pólvora. La gente, cansada de extorsiones, desplazamientos y la sombra de la violencia, ve en este operativo una esperanza de que las disidencias pierdan poder.
Sin embargo, líderes comunitarios advierten que el verdadero reto no termina con una captura: si el Estado no logra reemplazar la economía ilegal por oportunidades reales, el ciclo de minería ilegal y violencia podría continuar.
La caída de alias Chorizo deja una radiografía cruda de la guerra en Colombia: los grupos armados no sobreviven solo con fusiles, sobreviven porque manejan cifras que superan los presupuestos oficiales. Mientras la minería ilegal siga siendo un negocio de miles de millones, siempre habrá un nuevo “Chorizo” listo para ocupar el puesto.
Por ahora, Antioquia celebra la captura. Pero en los ríos contaminados, en las montañas saqueadas y en las comunidades aún temerosas, queda la pregunta: ¿será este el inicio del fin de las finanzas del frente 36 o solo un capítulo más en la larga historia de la minería ilegal y la violencia?
