“En la investigación se constató que, al parecer, también exigían dinero a los comerciantes y transportadores para dejarlos trabajar; y a algunos habitantes de la Comuna 1 para dirimir los conflictos que surgían en la comunidad.
Un fiscal especializado Gaula presentó ante un juez de control de garantías a nueve presuntos integrantes de la organización delictiva ‘El Pinar’, a quienes se les atribuyen actividades ilícitas en contra de los habitantes de la Comuna 1 de Medellín (Antioquia) y parte colindante del municipio de Bello, como extorsiones, desplazamientos forzados, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, entre otras.
Estas personas, al parecer, exigían entre 5.000 y 7.000 pesos a los residentes de distintos
barrios para permitirles acceder al servicio de agua potable. Adicionalmente, se estableció que también habrían impuesto cuotas ilegales para dirimir los conflictos que surgían en la
comunidad.
De igual manera, el material de prueba los vincula con el cobro de extorsiones a los
comerciantes, las cuales oscilaban entre 1 y 4 millones de pesos, para permitirles abrir sus
negocios o distribuir los productos que vendían.
Muchas víctimas denunciaron y aseguraron
que, en medio de amenazas de muerte, fueron obligadas a abandonar sus viviendas por no
entregar los dineros que solicitaba ‘El Pinar’.
En 26 diligencias de allanamiento y registro fueron capturados los señalados cabecillas de la red delincuencial, identificados como Yurdey Yesid Molina Zabala, alias Yurdey; y Ricardo Antonio Vargas Palacio, alias Richard. Asimismo, fueron detenidos otros presuntos
integrantes, ellos son: Mario Enrique Márquez Gómez, alias Mario; Francisco Antonio Borja
Suaza, alias Toño; Jonathan Hernán Muñoz Osorio, alias Jonathan; Roque Luis Molina Zabala, alias Roque; y Jorge Luis Múnera Rave, alias El Tigre.
Los detenidos fueron imputados, según el posible rol delictivo que cumplieron, por los delitos de: concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión agravada, secuestro extorsivo agravado, fuga de presos; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.
Por disposición del juez de control de garantías, los siete detenidos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Como parte de este proceso, fueron citadas e imputadas Andrea Vásquez Agudelo y Jenny
Catalina Rivera Agudelo, por el delito de desplazamiento forzado, ya que habrían llamado al grupo para que amenazaran y sacaran a una familia del sector. Estas dos personas recibieron medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia”.
