Una mujer de 25 años permaneció duante dos dias privada de la libertad, en Medellín, mientras su familia recibía, a través de aplicaciones de mensajería, grabaciones en las que se evidenciaban agresiones físicas y las condiciones en las que se encontraba retenida. En los mensajes, los captores exigían 500 mil pesos a cambio de su liberación.
La denuncia oportuna de un familiar activó el despliegue del Gaula de la Policía Nacional de Colombia, que inició labores técnicas de investigación y trabajo con fuentes humanas para ubicar el lugar donde la mantenían cautiva.
Las imágenes extraídas de los celulares incautados
muestran a uno de los hijos de “Barny” cuando la golpeaba. Estos chicos del combo de “solo motos de la 47-77” son alias “yojan” quien era el que le pegaba a la mujer y alias “mono”, quien compraba la droga psiquiátrica. Los hombres ponían música de guaracha a todo volumen para que los vecinos no escucharan los gritos de la chica.
Las indagaciones de las autoridades con la familia condujeron hasta un inmueble en el barrio Manrique. Allí, según las autoridades, la joven estaba bajo custodia de dos hombres de 24 y 33 años, quienes fueron capturados en flagrancia por el delito de secuestro extorsivo.
De acuerdo con la información preliminar, el caso estaría relacionado con una relación sentimental entre uno de los presuntos responsables y la víctima. Según las investigaciones, después de que la mujer le informara que se encontraba en estado de embarazo, habría sido retenida contra su voluntad.
Durante el cautiverio, al parecer fue sometida a agresiones físicas, entre ellas una herida con arma blanca en una de sus piernas, y presuntamente obligada a ingerir medicamentos con la intención de afectar su salud. Las autoridades también señalaron que los familiares recibieron videos como mecanismo de presión para acelerar el pago exigido.
Además, se investiga la posible agresión a una amiga de la víctima en el sector de San Javier, quien habría resultado lesionada y fue trasladada a un centro asistencial.
El rescate se produjo en medio de un operativo coordinado que permitió asegurar el inmueble sin poner en riesgo la integridad de la joven. Tras su liberación, fue trasladada de inmediato a un centro asistencial para valoración médica y se activó la Patrulla Púrpura para garantizar la protección integral de sus derechos.
Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde avanzan las audiencias preliminares que definirán su situación judicial. De ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión.
El caso ha generado conmoción en distintos sectores de la ciudad y vuelve a poner sobre la mesa la gravedad del secuestro extorsivo y la violencia contra las mujeres en el Valle de Aburrá.
