En el complejo penitenciario Pedregal, donde se supone que el delito debería frenarse tras las rejas, funcionaba una de las redes de estafas más activas del Valle de Aburrá. Un engranaje que no necesitaba calles ni motos ni armas largas: solo celulares escondidos, perfiles falsos y el talento del engaño.
Una operación del Gaula la dejó al descubierto.
En plena madrugada, y sin previo aviso, unidades especializadas irrumpieron en el patio 2. Era una zona densamente poblada: 712 personas privadas de la libertad, muchas con vínculos directos con estructuras criminales. Pero entre esas paredes había algo más: un “punto ciego”, un escondite diseñado para guardar tecnología, droga y todo lo necesario para mover el negocio.
Durante el barrido, los investigadores hallaron lo que describieron como un “centro de operaciones” criminal: 85 celulares listos para extorsionar, 30 cargadores, algunos camuflados, 10 armas cortopunzantes, más de 5 kilos de estupefacientes entre marihuana, base de coca y Tussi.
El hallazgo confirmaba una teoría que corría desde hace meses: en ese patio operaba un call center del delito, un sistema de engaño donde varios internos se hacían pasar por mujeres para convencer a hombres de comprar productos inexistentes, acceder a supuestos créditos o caer en falsas ofertas rápidas de dinero.
El modus operandi era simple, pero efectivo.
Perfilar víctimas, crear una historia convincente, aplicar presión psicológica y llevarlas a una transferencia inmediata. Nada de resistencia: la promesa de una venta fácil o un crédito “sin requisitos” bastaba para atrapar a los incautos.
En otras ocasiones, el tono cambiaba y se recurría a intimidaciones. Todo desde una celda, todo con un celular y la complicidad de quienes manejaban el negocio interno.
La Policía asegura que esta red estaba organizada como una microempresa: turnos, responsables, cuotas diarias y comisiones.
El operativo hace parte de un plan decembrino para frenar las extorsiones telefónicas que, cada año, aumentan durante esta época de compras y alta circulación de dinero.
Según las autoridades, este golpe no solo afecta la estafa, sino la economía ilegal que circulaba dentro del penal.
Las autoridades recomiendan mantener la guardia alta: Desconfiar de llamadas desconocidas que pidan datos o códigos: No publicar información personal ni familiar en redes.
Cortar inmediatamente ante exigencias económicas.
Consultar todo con familiares o autoridades.
Denunciar a la línea 165 del GAULA.
El golpe al “call center del engaño” expone una realidad incómoda: las cárceles siguen siendo terreno fértil para operaciones criminales que se camuflan entre rejas y vigilancia.
