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La llamada entró a la línea 123 con tono de urgencia. Al otro lado del teléfono una voz de una mujer con la voz agitada y emocionada habló sobre un posible secuestro. Minutos después, varias patrullas de la Policía Nacional llegaron al lugar señalado, sin imaginar que lo que estaban a punto de encontrar no era una persona retenida, sino una fábrica clandestina de billetes falsos lista para entrar en acción.

Tras verificar el inmueble, los uniformados descartaron que alguien estuviera privado de la libertad. Pero cuando el procedimiento parecía terminar, un detalle cambió el rumbo del operativo: a la vista apareció un arma de fuego con munición y, alrededor, equipos que no suelen estar en una vivienda común.

La inspección reveló un montaje cuidadosamente organizado. Prensas manuales, máquinas contadoras de billetes, lámparas de luz ultravioleta, transformadores de voltaje y sustancias químicas ocupaban el lugar. Todo apuntaba a una operación dedicada a la falsificación de moneda.

El hallazgo más alarmante estaba apilado en rectángulos de papel: 1.300 piezas con características similares a billetes de $50.000 y 222 de $100.000, lo que representaría más de 80 millones de pesos listos para circular. A un costado, 75 billetes de 100 dólares completaban el botín, evidenciando que el negocio no se limitaba solo a moneda nacional.

Según las primeras investigaciones, el dinero falso iba a ser introducido de manera masiva en la economía local, aprovechando el alto flujo de personas, las transacciones rápidas en efectivo y la llegada de eventos multitudinarios programados para este fin de semana. Un escenario perfecto para que los billetes pasaran de mano en mano sin levantar sospechas.

En el lugar fue capturado en flagrancia un hombre de 48 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, encargada de definir su situación judicial.

Mientras avanza el proceso, la Policía lanzó una advertencia directa a comerciantes y ciudadanos: verificar con cuidado el dinero recibido, especialmente durante eventos masivos, puede marcar la diferencia entre frenar una estafa o convertirse en la próxima víctima. Denunciar a tiempo, recuerdan las autoridades, también protege la economía de todos.

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El joven caminaba entre el ruido de los motores y el murmullo constante de la Terminal del Sur de Medellín como uno más. A su alrededor, pasajeros apurados, encomiendas apiladas y vendedores que ofrecían café para el viaje. Nada parecía fuera de lugar. En sus manos llevaba un objeto común: un mofle de vehículo, envuelto en papel chicle, como tantos repuestos que a diario salen y entran por ese corredor.

Pero algo no cuadraba.

Al llegar al ingreso por la calle 10, su mirada esquiva y los movimientos torpes delataron una tensión difícil de ocultar. Los policías que realizaban controles de rutina lo notaron de inmediato. No era el mofle en sí, sino el nerviosismo de quien lo cargaba, el que encendió la alerta.

Cuando los uniformados tomaron el repuesto, la sospecha se hizo más clara: el peso no correspondía al de un exosto normal. La inspección fue cuidadosa, casi silenciosa. Al abrir el mofle, la fachada se vino abajo. En su interior, ocultas con precisión, aparecieron dos bolsas con base de coca, cerca de 800 gramos de la sustancia.

Según las autoridades, la droga tenía como destino el departamento del Huila y sería enviada a través de una empresa de encomiendas, una modalidad cada vez más frecuente para camuflar estupefacientes entre objetos cotidianos y burlar los controles.

El joven, de 29 años, fue capturado en flagrancia. En cuestión de minutos, pasó de ser un ciudadano más en tránsito a enfrentar un proceso judicial por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Fiscalía General de la Nación asumió el caso, mientras la droga quedó bajo custodia.

Detrás del procedimiento, los investigadores ven una historia que se repite: malas compañías, promesas fáciles y decisiones tomadas sin medir consecuencias. Jóvenes que aceptan encargos sin conocer —o sin querer entender— el peso real de lo que transportan, y que terminan siendo el rostro visible de cadenas criminales más grandes.

Para la Policía Metropolitana, el caso es una muestra de cómo el narcotráfico se infiltra en la cotidianidad, usando piezas comunes y rutas habituales. Por eso, aseguran, los controles en terminales y puntos estratégicos seguirán reforzándose.

Mientras tanto, para este joven, la vida quedó en pausa. El mismo trayecto que prometía una encomienda más terminó convirtiéndose en el punto de quiebre que lo alejó de la calle, de la rutina y de una parte de su juventud, ahora marcada por una decisión que no tuvo marcha atrás.

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En el sector La Playita de Bello, Antioquia, patrulleros de la Policía Nacional realizaban labores de control y vigilancia detectaron a un hombre que parecía más nervioso de lo habitual. Llevaba consigo un radio de comunicación que, según los uniformados, era comúnmente usado para coordinar actividades ilegales.

Al intentar acercarse para un registro, el hombre salió corriendo, intentando refugiarse en una vivienda cercana. La reacción de los policías fue inmediata: lograron interceptarlo y, al ingresar a la casa, se encontraron con algo que confirmaba sus sospechas. No estaba solo: debajo de una mesa, un segundo hombre trataba de pasar desapercibido y ambos fueron capturados.

Dentro de la vivienda, los agentes hallaron 6.768 dosis de estupefacientes, entre marihuana y base de cocaína, además de un teléfono celular y el equipo de comunicación que habían llamado la atención inicialmente. Según las primeras investigaciones, la casa funcionaría como punto de acopio y dosificación de drogas, que luego eran distribuidas en la vía pública.

Los capturados, de 25 y 29 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial. Para los vecinos de Hato Viejo, la operación representa un respiro en medio de la preocupación por el tráfico de estupefacientes en la zona, y un recordatorio de que la vigilancia policial sigue activa en sus calles.

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La madrugada todavía no terminaba de clarear cuando los investigadores de la Sijín tocaron las puertas señaladas por una vecina. En dos viviendas del barrio La Francia, Nororiente de Medellín, se movía desde hacía semanas una red dedicada a la venta de estupefacientes. Allí, según la investigación, se dosificaba y distribuía droga que terminaba en manos de consumidores del sector, incluso en alrededores de centros educativos.

Con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana ejecutó los allanamientos que ya estaban listos en su libreto operativo. En cuestión de minutos, cuatro personas fueron sorprendidas en flagrancia mientras manipulaban y almacenaban la sustancia ilegal.

En medio del registro a los inmuebles, los uniformados encontraron 4.200 gramos de base de coca, además de grameras y otros elementos utilizados para preparar las dosis que luego eran vendidas en el sector.

Las pesquisas indican que los capturados harían parte del grupo delincuencial organizado conocido como “Los Triana”, una estructura que venía ejerciendo control sobre la venta de droga en este sector del nororiente de la ciudad. Su radio de acción incluía zonas cercanas a instituciones educativas, lo que encendió las alertas de las autoridades por el riesgo que esto representa para niños y adolescentes.

Según los cálculos oficiales, la actividad ilegal les dejaba rentas aproximadas de 10 millones de pesos diarios. Además, se estableció que los detenidos ya registraban anotaciones judiciales por el mismo delito.

Los detenidos eran conocidos como alias “honguito”, alias “chivo”, alias “pipa” y alias “media luna”.

Con este operativo, las autoridades buscan devolverle tranquilidad a los habitantes del barrio La Francia, quienes en los últimos meses venían denunciando movimientos sospechosos en las viviendas intervenidas.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunció que continuará con este tipo de acciones para frenar el microtráfico en los barrios y proteger los entornos escolares.

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En los primeros días del año, Medellín registra un balance positivo en materia de seguridad: el hurto a establecimientos de comercio disminuyó en un 76 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con las autoridades, se presentaron 72 casos menos de robos a locales comerciales, una cifra que refleja el impacto de las estrategias de control, vigilancia y presencia institucional desplegadas en distintos sectores de la ciudad.

Este resultado se atribuye al fortalecimiento de los patrullajes, los operativos focalizados y el acompañamiento permanente a los comerciantes, acciones que buscan proteger el comercio formal y mejorar la percepción de seguridad tanto para propietarios como para clientes.

Las autoridades destacaron que estos operativos continuarán durante el año, con el objetivo de mantener la tendencia a la baja y consolidar entornos más seguros para la actividad económica en Medellín.