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Un establecimiento que funcionaba como parqueadero en el sector Prado, centro de Medellín, fue intervenido por las autoridades tras evidenciarse que en su interior operaba un ‘deshuesadero’ de vehículos.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta entre la Alcaldía y la Policía Nacional de Colombia, como parte de las acciones contra el hurto de automotores en la ciudad.

La investigación se inició a partir de reportes ciudadanos que alertaron sobre movimientos sospechosos en el establecimiento. Con base en esta información, el sistema de emergencias 123 realizó labores de seguimiento mediante cámaras de videovigilancia y tecnología de reconocimiento de placas (LPR).

El monitoreo permitió identificar que varios vehículos, provenientes de sectores como Belén y Laureles, llegaban de forma reiterada al mismo punto, donde se perdía su registro de circulación.

Durante la intervención, las autoridades encontraron vehículos desarmados, autopartes y herramientas utilizadas para el despiece. En el lugar fue capturado un hombre de 23 años.

Asimismo, se logró la recuperación de dos automotores que habían sido hurtados horas antes y se evidenció que algunos de los vehículos presentaban placas alteradas y reportes activos por hurto.

Según las autoridades, por la cantidad de piezas halladas, en este sitio habrían sido desmantelados al menos 20 vehículos.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación. Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de esta estructura.

Este resultado se presenta en medio de una disminución del hurto de automotores en Medellín. De acuerdo con cifras oficiales, los casos pasaron de 189 en 2025 a 147 en 2026, lo que representa una reducción del 22 %.

Las autoridades señalaron que se mantendrán los operativos y controles en diferentes sectores de la ciudad para prevenir la reaparición de este tipo de actividades ilegales.

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Durante meses, en varios barrios del Occidente de Medellín, el nombre de alias “Árabe” comenzó a repetirse en voz baja entre comerciantes y habitantes. No era una historia cualquiera: detrás de ese alias, según las autoridades, estaría uno de los hombres que dinamizaba extorsiones y secuestros en sectores como Olaya Herrera, Blanquizal y Cucaracho.

Las exigencias de dinero, las amenazas y los hechos violentos hacían parte de una dinámica que mantenía en alerta a quienes trabajaban o vivían en la zona. Las investigaciones empezaron entonces a reconstruir el entramado de una estructura delincuencial conocida como “Los del Llano”, señalada de intimidar a la comunidad para obtener pagos ilegales.

El seguimiento tomó tiempo. Durante meses, unidades de inteligencia de la Policía Nacional y del GAULA Metropolitano rastrearon movimientos, recopilaron información y avanzaron en el proceso investigativo que finalmente condujo a una orden judicial.

El operativo llegó a su punto decisivo en el barrio Blanquizal, en el occidente de la ciudad. En plena vía pública, los uniformados lograron ubicar al hombre conocido como alias “Árabe” y hacer efectiva la orden de captura que pesaba en su contra por los delitos de extorsión, secuestro extorsivo, hurto y concierto para delinquir.

Las investigaciones lo señalan como presunto cabecilla encargado de coordinar las exigencias económicas y los secuestros que afectaban a comerciantes y habitantes de la zona.

Uno de los hechos que más peso tuvo en el proceso judicial ocurrió el 8 de marzo de 2025. Según las autoridades, ese día alias “Árabe” habría participado en el secuestro de dos personas, entre ellas un menor de 16 años. Durante el hecho, presuntamente se exigieron 12 millones de pesos por la liberación de las víctimas, además de 3 millones de pesos para devolver una motocicleta.

El caso resultó aún más grave porque, de acuerdo con las investigaciones, durante el cautiverio las víctimas habrían sido sometidas a actos de tortura.

El historial criminal del capturado también incluye antecedentes judiciales. De acuerdo con los registros, el hombre ya había cumplido dos condenas por porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento policial, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, los cuales serán analizados como parte del material probatorio dentro de la investigación.

Tras su captura, alias “Árabe” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luego de las audiencias de control de garantías, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La captura de este presunto cabecilla hace parte de la ofensiva que adelantan las autoridades contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y el secuestro en el Valle de Aburrá, delitos que afectan de manera directa la tranquilidad de comunidades y comerciantes.

Mientras continúan las investigaciones, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de extorsión o secuestro a través de la línea 165 del Gaula, un canal que permite activar de inmediato los mecanismos de investigación y protección para las víctimas.

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En una bodega que por fuera parecía un taller cualquiera, pero por dentro funcionaba como una verdadera fábrica clandestina, las autoridades descubrieron uno de los centros de falsificación de placas vehiculares más grandes detectados recientemente en el Valle de Aburrá.

El operativo, liderado por la Policía Nacional junto con la Fiscalía y con apoyo de las alcaldías de Medellín e Itagüí, terminó con 10 personas capturadas en flagrancia y el desmantelamiento del lugar donde, según las autoridades, se producían placas para carros y motos sin ningún permiso de tránsito.

Lo que encontraron dentro dejó en evidencia la magnitud del negocio: 515 placas metálicas listas o en proceso, máquinas y herramientas para grabar letras y números, 120 troqueles, rollos de aluminio, 72 rollos de cinta reflectiva amarilla y varios computadores que presuntamente se usaban para coordinar los pedidos.

Las primeras verificaciones indican que placas con características similares ya han sido detectadas en vehículos que presentan alteraciones en su identificación, una práctica que suele usarse para evadir controles o facilitar otros delitos.

Ahora, los capturados deberán responder ante la justicia por falsedad marcaria y falsedad material en documento público.

Las autoridades aseguraron que este golpe afecta directamente las economías criminales que buscan manipular la identificación de vehículos en la región y reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la fabricación o venta irregular de placas.

En el Valle de Aburrá, la lucha contra estas redes ilegales sigue y cada pista ciudadana puede marcar la diferencia.

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El movimiento habitual del centro de Medellín se vio interrumpido en los últimos días por una serie de operativos adelantados por la Policía Nacional en la comuna La Candelaria. En medio de patrullajes, controles y reacciones rápidas ante denuncias ciudadanas, las autoridades lograron la captura de tres personas y la incautación de tres armas de fuego que, según indicaron, representaban un riesgo para la comunidad.

Uno de los hechos ocurrió cuando uniformados realizaban labores de vigilancia en el sector y fueron alertados sobre el hurto cometido contra un ciudadano. De acuerdo con la información preliminar, dos hombres de 31 y 40 años habrían intimidado a la víctima con un arma de fuego para robarle una cadena de oro avaluada en aproximadamente tres millones de pesos.

Tras recibir el aviso, las patrullas activaron un plan candado en la zona, estrategia que permitió ubicar la motocicleta en la que se movilizaban los presuntos responsables. Minutos después fueron interceptados por los uniformados. Durante el procedimiento se logró recuperar la cadena robada, incautar el arma de fuego utilizada en el hurto y realizar la inmovilización del vehículo empleado para cometer el delito.

En otro operativo realizado en el barrio Estación Villa, la atención de una patrulla se centró en un joven de 21 años que fue requerido para un registro personal. Durante la inspección, los uniformados le hallaron un revólver para el cual no contaba con permiso de porte o tenencia, motivo por el cual fue capturado y el arma quedó bajo custodia de las autoridades.

Las acciones de control también permitieron un tercer hallazgo. Mientras realizaban labores de patrullaje en el mismo sector, los policías encontraron una pistola equipada con supresor de sonido que, según las primeras indagaciones, habría sido abandonada por un hombre al notar la presencia policial.

Los tres capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, mientras se adelantan los procesos judiciales que determinarán su situación legal.

De acuerdo con cifras de la Policía, en lo corrido del año en la comuna La Candelaria se han realizado 323 capturas por diferentes delitos y se han incautado 24 armas de fuego. En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, durante 2026, ya se han sacado de circulación 223 armas, de las cuales 155 han sido incautadas en Medellín.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en el centro de la ciudad como parte de las estrategias para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

Cerca de 800 integrantes de una minga indígena llegaron al centro de Medellín y se instalaron en los alrededores del complejo administrativo de La Alpujarra, lo que mantiene restringidos los accesos a las sedes de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Los manifestantes levantaron cambuches en el sector y permanecen concentrados en la zona como parte de una movilización con la que buscan ser escuchados por las autoridades frente a diferentes solicitudes de sus comunidades.

La presencia de la minga ha generado dificultades para el ingreso de funcionarios y ciudadanos que acuden a realizar trámites en las entidades públicas que operan en este punto de la ciudad. Además, se reportan afectaciones en la movilidad en las vías cercanas al centro administrativo.

Autoridades locales y organismos de convivencia hacen presencia en el lugar para acompañar la situación y mantener el orden público mientras se adelantan acercamientos con los voceros de la movilización.

Por ahora, la concentración se mantiene en el sector y se espera que en las próximas horas avancen los diálogos que permitan normalizar el acceso al complejo administrativo.

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En un nuevo golpe contra las estructuras criminales que operan en el oriente de Medellín, las autoridades capturaron a alias “Limón”, presunto integrante del grupo delincuencial La Libertad, organización que, según las investigaciones, tendría vínculos con la temida estructura criminal La Terraza.

El operativo se desarrolló en el barrio Caicedo, comuna 9–Buenos Aires, mediante una acción conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La captura se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con las autoridades, alias “Limón” estaría implicado en el homicidio de Julián García Mora, registrado el 16 de septiembre de 2025 en el sector de Villatina. Ese día, según la investigación, varios hombres armados llegaron en un vehículo, intimidaron a las personas que se encontraban en el lugar y dispararon contra la víctima.

Pero el ataque no terminó allí. Tras herirlo, los agresores habrían subido al hombre al mismo carro en el que se movilizaban y lo trasladaron a otro punto del sector, donde presuntamente le dispararon nuevamente antes de abandonarlo.

Las investigaciones también señalan que alias “Limón” tendría un rol clave dentro de la estructura La Libertad, especialmente en la coordinación de cobros extorsivos a transportadores de la ruta de buses Sucre–Boston, una actividad ilegal que durante meses habría afectado a conductores y al sistema de transporte del sector.

Con esta captura, las autoridades buscan debilitar las finanzas de esta organización criminal que mantiene injerencia en varios barrios de la comuna 9.

Alias “Limón” quedó a disposición de la autoridad judicial competente, mientras un juez define su situación jurídica. Entretanto, las autoridades continúan las investigaciones para establecer si estaría relacionado con otros hechos violentos ocurridos en esta zona de la ciudad.