Orden Publico

Prensapaisa.com

Durante años, en el corregimiento de San Antonio de Prado empezó a crecer una inquietante transformación del territorio: terrenos protegidos convertidos en supuestos lotes para vivienda, planos improvisados circulando entre vecinos y promesas de urbanizaciones que nunca existieron. En el centro de esta historia estaba un personaje que se hacía llamar “El Brother” o “Papa Noel”, un hombre que logró presentarse como líder comunitario mientras, según las autoridades, dirigía una estructura dedicada a la urbanización ilegal.

La operación que permitió su captura fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, que seguían el rastro de una red que habría loteado cerca de 100 predios ubicados en zonas donde no está permitido construir. Allí, la estructura habría ofrecido terrenos a familias de escasos recursos, aprovechando su necesidad de acceder a una vivienda y la confianza que generaba un supuesto liderazgo que nunca tuvo respaldo legal.

Las investigaciones indican que al menos 37 familias habrían sido engañadas a lo largo de cinco años. Los lotes se vendían como oportunidades “únicas”, aun cuando se trataba de áreas con restricciones ambientales. Mientras tanto, la red habría acumulado alrededor de $1.240 millones como producto de estas transacciones irregulares.

La captura permitió desarticular el rol principal del grupo: la persona encargada de dirigir las ventas, coordinar a otros integrantes y mantener la fachada de organización comunitaria. Tras ser presentado ante un juez, se legalizó el procedimiento y se le impuso medida de aseguramiento domiciliaria, junto con la prohibición de realizar actividades inmobiliarias.

Este caso representa uno de los avances más significativos en la lucha de la ciudad contra el loteo ilegal. Además de afectar ecosistemas protegidos, estas prácticas vulneran a familias que buscan una alternativa de vivienda y terminan enfrentándose a pérdidas económicas y procesos jurídicos que se extienden durante años.

Las autoridades anunciaron que continúan otras investigaciones abiertas y que este sería solo uno de los primeros golpes contra quienes utilizan el crecimiento urbano para actividades ilícitas. Con este operativo, Medellín busca proteger su territorio, evitar que más familias caigan en fraudes y consolidar un control más estricto sobre las zonas en riesgo de urbanización ilegal.

Prensapaisa.com

En el complejo penitenciario Pedregal, donde se supone que el delito debería frenarse tras las rejas, funcionaba una de las redes de estafas más activas del Valle de Aburrá. Un engranaje que no necesitaba calles ni motos ni armas largas: solo celulares escondidos, perfiles falsos y el talento del engaño.

Una operación del Gaula la dejó al descubierto.

En plena madrugada, y sin previo aviso, unidades especializadas irrumpieron en el patio 2. Era una zona densamente poblada: 712 personas privadas de la libertad, muchas con vínculos directos con estructuras criminales. Pero entre esas paredes había algo más: un “punto ciego”, un escondite diseñado para guardar tecnología, droga y todo lo necesario para mover el negocio.

Durante el barrido, los investigadores hallaron lo que describieron como un “centro de operaciones” criminal: 85 celulares listos para extorsionar, 30 cargadores, algunos camuflados, 10 armas cortopunzantes, más de 5 kilos de estupefacientes entre marihuana, base de coca y Tussi.

El hallazgo confirmaba una teoría que corría desde hace meses: en ese patio operaba un call center del delito, un sistema de engaño donde varios internos se hacían pasar por mujeres para convencer a hombres de comprar productos inexistentes, acceder a supuestos créditos o caer en falsas ofertas rápidas de dinero.

El modus operandi era simple, pero efectivo.

Perfilar víctimas, crear una historia convincente, aplicar presión psicológica y llevarlas a una transferencia inmediata. Nada de resistencia: la promesa de una venta fácil o un crédito “sin requisitos” bastaba para atrapar a los incautos.

En otras ocasiones, el tono cambiaba y se recurría a intimidaciones. Todo desde una celda, todo con un celular y la complicidad de quienes manejaban el negocio interno.

La Policía asegura que esta red estaba organizada como una microempresa: turnos, responsables, cuotas diarias y comisiones.

El operativo hace parte de un plan decembrino para frenar las extorsiones telefónicas que, cada año, aumentan durante esta época de compras y alta circulación de dinero.

Según las autoridades, este golpe no solo afecta la estafa, sino la economía ilegal que circulaba dentro del penal.

Las autoridades recomiendan mantener la guardia alta: Desconfiar de llamadas desconocidas que pidan datos o códigos: No publicar información personal ni familiar en redes.

Cortar inmediatamente ante exigencias económicas.

Consultar todo con familiares o autoridades.

Denunciar a la línea 165 del GAULA.

El golpe al “call center del engaño” expone una realidad incómoda: las cárceles siguen siendo terreno fértil para operaciones criminales que se camuflan entre rejas y vigilancia.