En Medellín, un escándalo vuelve a poner en evidencia las vulneraciones a los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios. Dos dragoneantes del Inpec, Cristian Camilo Alvarado Torres y Diego Steven Castaño Sánchez, fueron capturados y judicializados por la Fiscalía tras ser señalados de abusar sexualmente de una reclusa en la cárcel El Pedregal.
La denuncia, interpuesta por la víctima, destapó un entramado de abusos que habrían ocurrido en repetidas ocasiones al interior del penal. Según su testimonio, como consecuencia de estas agresiones quedó embarazada.
La investigación: pruebas que no dejaron dudas…
La Fiscalía abrió un proceso en el que participaron médicos forenses y especialistas de Medicina Legal. Los peritajes, junto con las pruebas de ADN realizadas al hijo de la reclusa, confirmaron que el funcionario Diego Steven Castaño Sánchez era el padre biológico del menor.
Pero la investigación no se detuvo allí. Según el expediente, Castaño habría ejercido presiones y chantajes contra la mujer para que no denunciara, una conducta que agravó aún más su responsabilidad.
Una traición al deber…
Los delitos imputados a los dos dragoneantes —acceso carnal violento en concurso homogéneo y prevaricato por omisión— no solo vulneran la integridad de la víctima, sino que también constituyen una traición a la función misma del Inpec, cuya misión es garantizar la custodia, seguridad y derechos básicos de la población privada de la libertad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que este no es un caso aislado. En varias cárceles del país se han documentado denuncias de mujeres que señalan acosos, abusos y maltratos por parte de funcionarios.
Una alerta sobre la violencia de género en prisión…
Este caso abre de nuevo el debate sobre la doble vulnerabilidad que enfrentan las mujeres privadas de la libertad: la del encierro y la de la violencia basada en género.
Mientras cumplen condenas o esperan sentencia, muchas reclusas deben lidiar con entornos hostiles donde la denuncia puede significar represalias.
“El Estado tiene una obligación reforzada con las mujeres privadas de la libertad. Ellas dependen totalmente del sistema penitenciario para garantizar su seguridad. Si los encargados de custodiar son los agresores, la cadena de protección se rompe”, señala una abogada especializada en derechos humanos consultada para este reportaje.
¿Qué sigue en el proceso?
Los dos funcionarios deberán enfrentar la justicia, y la Fiscalía asegura tener pruebas sólidas para avanzar en el juicio. La defensa de los implicados no se ha pronunciado públicamente, mientras que la víctima permanece bajo reserva para garantizar su seguridad y la del niño.
El caso de El Pedregal deja un mensaje inquietante: la cárcel no solo castiga, también puede convertirse en escenario de nuevas violencias. Un lugar donde las mujeres, ya privadas de libertad, enfrentan además la sombra del abuso y el silencio.
Ángel Enrique Horta Ramos, alias “El Chamo”.
