Durante años, en el corregimiento de San Antonio de Prado empezó a crecer una inquietante transformación del territorio: terrenos protegidos convertidos en supuestos lotes para vivienda, planos improvisados circulando entre vecinos y promesas de urbanizaciones que nunca existieron. En el centro de esta historia estaba un personaje que se hacía llamar “El Brother” o “Papa Noel”, un hombre que logró presentarse como líder comunitario mientras, según las autoridades, dirigía una estructura dedicada a la urbanización ilegal.
La operación que permitió su captura fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, que seguían el rastro de una red que habría loteado cerca de 100 predios ubicados en zonas donde no está permitido construir. Allí, la estructura habría ofrecido terrenos a familias de escasos recursos, aprovechando su necesidad de acceder a una vivienda y la confianza que generaba un supuesto liderazgo que nunca tuvo respaldo legal.
Las investigaciones indican que al menos 37 familias habrían sido engañadas a lo largo de cinco años. Los lotes se vendían como oportunidades “únicas”, aun cuando se trataba de áreas con restricciones ambientales. Mientras tanto, la red habría acumulado alrededor de $1.240 millones como producto de estas transacciones irregulares.
La captura permitió desarticular el rol principal del grupo: la persona encargada de dirigir las ventas, coordinar a otros integrantes y mantener la fachada de organización comunitaria. Tras ser presentado ante un juez, se legalizó el procedimiento y se le impuso medida de aseguramiento domiciliaria, junto con la prohibición de realizar actividades inmobiliarias.
Este caso representa uno de los avances más significativos en la lucha de la ciudad contra el loteo ilegal. Además de afectar ecosistemas protegidos, estas prácticas vulneran a familias que buscan una alternativa de vivienda y terminan enfrentándose a pérdidas económicas y procesos jurídicos que se extienden durante años.
Las autoridades anunciaron que continúan otras investigaciones abiertas y que este sería solo uno de los primeros golpes contra quienes utilizan el crecimiento urbano para actividades ilícitas. Con este operativo, Medellín busca proteger su territorio, evitar que más familias caigan en fraudes y consolidar un control más estricto sobre las zonas en riesgo de urbanización ilegal.
