Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA permitió propinar un nuevo golpe a una estructura que, según las investigaciones, estaría dedicada al narcotráfico y al lavado de activos y tendría presencia criminal en Medellín, Cali y Urabá.
La denominada operación Imperium dejó 10 personas capturadas y puso al descubierto un complejo entramado financiero que habría utilizado empresas legalmente constituidas, billeteras virtuales, billeteras frías y transacciones internacionales para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.
Uno de los principales hallazgos de la investigación está relacionado con el movimiento de aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos. De acuerdo con las autoridades, parte de los recursos habría sido movilizada mediante operaciones con un exchange de criptomonedas en Irán.
En territorio colombiano, la organización habría realizado cerca de 2.000 transacciones internacionales, por un valor aproximado de $2,3 billones, según la información entregada por las autoridades.
La investigación estableció además que la estructura habría utilizado actividades y procesos logísticos en la zona portuaria de Turbo, Antioquia, para facilitar operaciones relacionadas con el tráfico transnacional de cocaína.
Las autoridades también identificaron presuntos vínculos con estructuras del Clan del Golfo y con alias ‘Richard’, señalado como cabecilla de la estructura Juan de Dios Úsuga.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la coordinación entre las instituciones y aseguró que la estrategia contra estas organizaciones debe concentrarse también en afectar sus finanzas.
“Lo único que les duele es la extradición o la extinción de dominio, que les quiten la plata producto de lo que han conseguido de manera ilegal”, señaló Gutiérrez.
El mandatario agregó que sostuvo conversaciones con el director de la DEA para la región Andina y anticipó que se desarrollarán nuevas operaciones contra estructuras criminales.
Los 10 capturados quedaron a disposición de las autoridades. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los organismos de seguridad continúan con las investigaciones para identificar otros integrantes de la organización y afectar los bienes y recursos que estarían relacionados con sus actividades ilícitas.
