Durante años, una estructura criminal habría tejido una red de control, intimidación y negocios ilegales en la comuna 9 de Medellín. Detrás de ese entramado, según las autoridades, estaba alias “Rottweiler”, un presunto cabecilla delincuencial señalado de liderar la venta ilegal de terrenos, ordenar desplazamientos forzados y obtener millonarias ganancias mediante extorsiones y el control de servicios públicos clandestinos.
Entre los detenidos figura alias “Rottweiler”, presunto cabecilla de zona y hombre de confianza de alias “Diego Chamizo”, máximo líder de la estructura. Según las autoridades, acumulaba cerca de 22 años de trayectoria criminal y era considerado uno de los principales dinamizadores de la apropiación ilegal de terrenos, el desplazamiento forzado y las extorsiones en varios sectores del centro-oriente de la ciudad.
Junto a él fueron capturados los presuntos coordinadores conocidos como alias “Comerciante”, “Orejas”, “Coño” o “Cachetes” y “Claudia”, además de otros integrantes de la organización. Asimismo, fue imputado alias “Palomo”, quien ya se encontraba recluido en un centro carcelario. Además, en el allanamiento, fue capturada alias “la evangélica”, quien se asomaba por la ventana para avisar cuando subía la policía a verificar los casos de estafa y los fines de semana, durante los domingos, salía con una falda y biblia a ofrecer lotes supuestamente con escrituras.
Las investigaciones permitieron establecer que la estructura mantenía control criminal en barrios como El Salvador, La Milagrosa, Loreto, La Asomadera I y II, Cataluña, Gerona y Miraflores, donde combinaba actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, las extorsiones, los hurtos, la defraudación de servicios públicos y la ocupación ilegal de predios.
Uno de los hallazgos más relevantes del proceso judicial fue la identificación de una red dedicada a la invasión y comercialización ilegal de terrenos en sectores como Candamo y La Asomadera. Los lotes eran parcelados y vendidos por valores que oscilaban entre los 30 y 40 millones de pesos, mientras las familias asentadas en estos predios eran conectadas de manera irregular a las redes de agua y energía.
De acuerdo con la investigación, la organización cobraba entre 150.000 y 300.000 pesos mensuales por estos servicios clandestinos, convirtiendo la necesidad de vivienda de cientos de personas en una de sus principales fuentes de financiación. Sumadas las rentas derivadas del loteo ilegal, las extorsiones y otras economías criminales, el grupo obtenía ingresos cercanos a los 800 millones de pesos cada mes.
Las capturas fueron materializadas mediante diez diligencias de allanamiento realizadas en la comuna Buenos Aires, el corregimiento de Santa Elena y el municipio de Riosucio, Caldas, donde las autoridades lograron recopilar material probatorio clave para el proceso judicial.
Durante los procedimientos fueron incautados un revólver, 17 cartuchos calibre 38, 19 libras de marihuana, una libra de clorhidrato de cocaína, ocho teléfonos celulares, una memoria USB y $5.263.000 en efectivo.
Los procesados deberán responder por delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión agravada, urbanización ilegal, invasión de áreas de especial importancia ecológica, defraudación de fluidos y cohecho.
Con este operativo, las autoridades impactan una de las estructuras que, además de generar millonarias ganancias ilícitas, habría contribuido a la expansión de asentamientos ilegales en zonas de alto riesgo y a la consolidación de economías criminales que durante años afectaron la seguridad y la convivencia de cientos de familias en Medellín.
