El periodista Gabriel Angarita, director de TV Cúcuta y TV Cúcuta Plus, enfrenta una demanda civil que supera los $287 millones. La FLIP advierte que las pretensiones podrían afectar su patrimonio, la continuidad de su medio de comunicación y el derecho de informar sobre asuntos de interés público.
Informar, investigar y contarle a la ciudadanía lo que ocurre en las instituciones también puede convertirse en una batalla judicial. Esa es la preocupación que hoy rodea al periodista Gabriel Angarita, director de TV Cúcuta y TV Cúcuta Plus, quien enfrenta una demanda civil por más de $287 millones de pesos debido a publicaciones relacionadas con la Cámara de Comercio de Cúcuta.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó las pretensiones judiciales y advirtió sobre los posibles efectos que este proceso podría tener no solamente para el comunicador, sino también para el ejercicio del periodismo en Norte de Santander.
La demanda fue presentada por Israel Bahar Levy, expresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, quien reclama exactamente $287.617.650 y solicita, además, medidas que incluyen el retiro o corrección de publicaciones, restricciones sobre contenidos futuros y medidas sobre el patrimonio y los recursos económicos del periodista.
Pero el asunto va más allá de una disputa por publicaciones. Según la FLIP, desde 2024 se han presentado dos acciones de tutela con pretensiones similares y ahora una nueva demanda civil aumenta la presión económica y judicial sobre Angarita.
¿No hay libertad de expresión?
Uno de los puntos que más inquieta a la Fundación es la solicitud de que el periodista se abstenga de publicar determinadas afirmaciones sobre Bahar, relacionadas con posibles irregularidades, corrupción, procesos electorales y el manejo de la Cámara de Comercio, salvo que existan decisiones judiciales o disciplinarias ejecutoriadas.
Para la FLIP, una medida de ese tipo podría convertirse en censura previa, porque limitaría la posibilidad de investigar y divulgar información de interés público antes de que existan decisiones definitivas de las autoridades.
La organización también cuestionó que se utilicen expresiones propias del lenguaje periodístico como argumento para reclamar una indemnización y advirtió que denunciar públicamente la presión judicial no debería convertirse en un nuevo motivo de reproche.
La Fundación recordó que quienes ejercen responsabilidades en instituciones públicas o de interés colectivo están sometidos a un mayor escrutinio ciudadano y periodístico.
La preocupación no se limita a los $287 millones que se reclaman. También está en juego la posibilidad de que un periodista o un medio de comunicación deje de investigar por temor a enfrentar demandas que puedan comprometer su estabilidad económica y su continuidad.
La FLIP recordó que la Corte Constitucional ha establecido criterios para proteger la libertad de expresión y evitar que los mecanismos de responsabilidad civil terminen promoviendo la autocensura.
Por eso, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que analicen el interés público de las publicaciones y evalúen cuidadosamente cualquier medida que pueda restringir el trabajo periodístico.
También pidió que la defensa de la reputación de las personas no termine convirtiéndose en una limitación desproporcionada al derecho de informar.
Pues cuando un periodista investiga asuntos que interesan a toda una comunidad, no solamente está contando una historia: está ejerciendo un derecho que también le pertenece a la ciudadanía.
