Tras ocho meses de investigación y decenas de diligencias judiciales, las autoridades asestaron un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en el nororiente de Medellín. En una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fueron capturados 15 presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado San Pablo, señalado de cometer secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados y tráfico de estupefacientes en varias comunas de la ciudad.
La ofensiva se desarrolló en medio de 36 allanamientos realizados en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, donde unidades del Gaula Metropolitano lograron hacer efectivas 14 capturas por orden judicial y una más en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas por más de diez víctimas, quienes alertaron sobre una serie de hechos que afectaban la seguridad y la tranquilidad de los habitantes y comerciantes de sectores como Manrique, Santo Domingo, Popular 1, Moscú, La Esperanza, Barrios Unidos, Carambolas, Bello Oriente y La Aldea.
Según las autoridades, el material probatorio recopilado permitió establecer la presunta responsabilidad de los capturados en delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y desplazamiento forzado. Con estos elementos, un juez emitió las órdenes de captura que fueron ejecutadas durante la operación.
Entre los detenidos figuran cuatro presuntos coordinadores de zona conocidos con los alias de “La Mika”, “Bedoya”, “Pirulo” y “El Ciego”. De acuerdo con la investigación, estas personas serían las encargadas de dirigir actividades relacionadas con extorsiones, secuestros, torturas, venta de estupefacientes y desplazamientos forzados. Los demás capturados tendrían funciones operativas dentro de la estructura criminal.
Durante los procedimientos, los uniformados incautaron cerca de 500 dosis de estupefacientes, $15 millones en efectivo, talonarios y boletas presuntamente utilizados para el cobro de extorsiones, además de seis teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense para fortalecer los procesos judiciales en curso.
Uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación apunta al alcance económico de la organización. Según las autoridades, la estructura estaría extorsionando a cerca de 1.000 comerciantes del nororiente de Medellín, actividad que le habría permitido obtener ingresos ilícitos superiores a los $600 millones mensuales.
Los capturados, cuyas edades oscilan entre los 24 y los 53 años, fueron presentados ante la Fiscalía y, tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
La Policía Metropolitana señaló que continuará desarrollando operaciones contra las estructuras que afectan la convivencia ciudadana y reiteró el llamado a la comunidad para denunciar hechos relacionados con extorsión y secuestro a través de las líneas 123 y 165 del Gaula.
